Al igual que lo sucedido en la década de 1990 cuando el gobierno mundial impuso la disolución del Ejército Panameño porque podría poner en peligro al «sistema democrático», la Argentina se apresta a la virtual disolución de sus FFAA para reconvertirlas en «Guardia Nacional».
Desde la Guerra de Malvinas (1982) que las Fuerzas
Armadas no dejan de declinar. La relación entre sociedad uniformada y sociedad
civil fue en deterioro, y es probable que haya más novedades con el riesgo de
una mayor y más profunda crisis de los militares argentinos en plena
desactivación.
Haciendo un poco de historia militar
comparada, tras la invasión de Panamá por el Ejército de los Estados Unidos
(Operación Justa Causa) el nuevo gobierno panameño decidió eliminar el ejército y formar una
«fuerza pública». Esta prohibición de volver a tener
Fuerzas Armadas fue elevada a rango constitucional en el año 1994.
De ese modo el gobierno del entonces
presidente impuesto por los EEUU ~el abogado de empresas norteamericanas
Guillermo Endara~ abolió ejército y reformó el aparato de seguridad
mediante la creación de la Fuerza Pública panameña.
En octubre
de 1994, la Asamblea Legislativa panameña aprobó la enmienda
constitucional que prohíbe la creación de una fuerza militar permanente
haciendo formalmente permeable al país frente a los futuros actos de agresión
externa. El formato de las Fuerzas de Defensa fue reemplazado por la fuerza
pública panameña.
La Fuerza
Pública incluía a la Policía Nacional de Panamá (que aún sobrevive,
con limitaciones), el Servicio Marítimo Nacional, la Policía Técnica
Judicial (PTJ) para actividades de investigación, un limitado Servicio
Aéreo Nacional, y un servicio de armado de Protección Institucional (SPI) o
para la protección de los edificios públicos y protección del mandatario así
como de «gente importante» [textual] del gobierno de la República centroamericana.
La Fuerza
Pública también era capaz de llevar a cabo funciones militares limitadas. En
contraste con las Fuerzas de Defensa durante el anterior régimen militar, la
Fuerza Pública panameña es de dominio público y bajo control del Órgano
ejecutivo Panameño.
El de 20
de agosto de 2008 se creó el Servicio Aéreo Nacional fusionándose con el
Servicio Marítimo Nacional para convertirse en el Servicio Nacional
Aeronaval (SENAN) que se complementó con la creación del
nuevo Servicio Nacional de Fronteras dependiente de la Policía Nacional
del país centroamericano. Todo este conjunto ~de poder absolutamente
limitado~ se denomina Guardia Nacional, y hacia ese modelo va a desembocar
inexorablemente la Argentina.
Panamá
tampoco tiene más un ministerio de Defensa, como con el que contó en el pasado,
sino que éste organismo fue reemplazado ~primero~ por el Ministerio de Gobierno
y Justicia de Panamá, en 1990 y ~más recientemente~ por un ministerio de
Seguridad Pública dividido en dos áreas: Seguridad Pública y Gobierno. Bajo esa
órbita, según fue publicado en la Gaceta
oficial 27165 de 16 de noviembre de 2012, quedó conformada la endeble fuerza
armada de aquel estratégico espacio aeronaval: 1. La Policía Nacional de Panamá
(con 20.000 efectivos aproximadamente); 2. El Servicio Nacional Aeronaval
(SENAN), con 2.000 empleados; 3. El Servicio Nacional de Fronteras, de 4.000
funcionarios, y 4. El Servicio de Protección Institucional (SPI), adscripto al
Ministerio de la Presidencia, de 1.000 agentes.
En total, todos los elementos citados no alcanzan a 26.000 efectivos en
la actualidad.
Para resguardo de los intereses estratégicos hoy existe una fuerza de
tareas internacional compuesta de un buque de apoyo logístico, otro de
desembarco de tropas, seis patrulleras de línea tipo November, una patrullera
de asalto tipo Mark IV, otra patrullera de asalto tipo Mark II y cuatro botes
de interdicción marítima. Todo este material y tripulaciones pertenecen al
Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. Por su parte también Italia
provee de cuatro patrulleras de línea tipo Super 200 y dos patrulleras
oceánicas tipo 900. En tanto Gran Bretaña controla las costas panameñas
mediante dos patrulleras tipo Vosper.
Sólo
tienen tripulación panameña tres patrulleras de apoyo tipo Limas y, en conjunto
con la Armada de Colombia, quince botes de patrullaje costero.
El
escuadrón aéreo de ala fija está compuesto por cuatro Cessna norteamericanos
del Servicio de Guardacostas de ese país, con su tripulación incluida, para
búsqueda y rescate, reconocimiento, traslado y evacuación de heridos y un CASA
212 de la Fuerza Aérea de España, destinado a transporte táctico, búsqueda de
objetivos y paracaidismo.
Aquel
pequeño componente aéreo opera desde una única base, la Estación
Aérea Teniente Octavio Garrido. Pero Panamá en realidad no ahorra por haber
optado por privarse de fuerzas armadas (y la consecuente resignación de su
propia soberanía nacional) porque en realidad tiene que pagar el servicio de
las potencias extranjeras que custodian la zona del canal con aproximadamente
el 1% de su PBI, más la participación en los ingresos por los cánones por la
utilización del mismo.
Efectuada
esta advertencia, agregamos mensaje militar conjunto reciente que acreditaría
la intencionalidad de la cartera de Defensa, que, en conjunto con otros
ministerios, se aprestan a copiar el modelo panameño.
La versión inicial de esta noticia ~que intenta advertir la
desarticulación definitiva de la Defensa argentina~ se atribuyó tanto a
allegados al Secretario de Comunicación pública, Jorge Greco, como al propio
ministro de Defensa, Oscar Aguad, ambos integrantes de la Mesa de Seguridad
Nacional (Decreto 174/2018), junto a Marcos Peña Braun y Fulvio Pompeo.
El Presidente Mauricio Macri, en definitiva, habría ordenado reducir
fuertemente la estructura tanto como el presupuesto asignado a las Fuerzas
Armadas, para lo cual fusionaría actividades como paso inicial a la creación de
una Guardia Nacional, según el modelo de alguno que otro país latinoamericano
que optaron por resignar su soberanía nacional delegando en otras potencias esa
indelegable responsabilidad de la defensa de la integridad territorial
argentina.
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