EL CLAN AWADA BAJO LA LUPA
Vamos a conocer quiénes son en verdad
los Awada, su pasado ultramenemista y las graves
denuncias penales que se acumulan en su contra.
La Primera Dama del gobierno macrista, Juliana Awada, resulta ser un personaje con una historia muy particular. Dueña de una fortuna cimentada en la industria textil, su familia parece tener profundos lazos con el negociado de los talleres clandestinos y el trabajo esclavo.
JULIANA AWADA, DE ADN MENEMISTA
El patriarca de la familia Awada fue Abraham Awada, inmigrante libanés nacido en la lejana ciudad
de Baalbek que llegó a los 3 años de edad a la Argentina. En 1953 Abraham conoció a su esposa, Elsa Esther Baker, mejor conocida como “Pomi”. A pesar de la diferencia de edad (él tenía 30 años y ella 17), no hubo problemas para el casamiento puesto que la familia de la chica era de inmigrantes sirios, los cuales aceptaron con beneplácito a un pretendiente nacido en un país vecino al de ellos. Juntos, compraron un pequeño local en la localidad bonaerense de Almirante Brown. Allí vivieron y trabajaron, creando la marca de ropa infantil “La Reinita”. Luego, el negocio evolucionó hasta convertirse en “Awada”, dedicado exclusivamente a la ropa femenina.
De la unión de Abraham y Pomi nacerían cinco hijos: Claudia Zoraida, Daniel, Alejandro (conocido por su labor actoral), Leila y María Juliana.
Los ’90 fueron buenos años para los Awada. Dada su ascendencia árabe y sus generosos aportes de campaña, formaron parte del círculo más íntimo del menemismo. Pomi se transformó en “Madame Awada”, y logró abrir una cadena de locales de sus marcas de ropa por todo el país. Abraham tuvo más “oxígeno” financiero y ayuda política, gracias a lo cual creó la marca “Cheeky”, que pasaría a ser manejada por su hijo Daniel. A Alejandro se le abrieron las puertas de los canales de televisión, mientras Juliana era una de las grandes amigas de Zulemita Menem. Claudia Zoraida, por su parte, hizo que su marido, el arquitecto Alberto Artemio Rossi, se convirtiese en uno de los grandes ganadores del régimen, a tal punto que muchos lo sindicaron como posible testaferro del mismísimo Carlos Menem por su desmedido crecimiento patrimonial. Testaferro o no, lo cierto es que el yerno de Abraham fue el creador de La Rosadita, uno de los máximos símbolos de la megalomanía noventista. Por último, Abraham logró, incluso, que su sobrino Alejandro Tfeli sea el médico de cabecera del entonces presidente.
Ciertas versiones sostienen que los Awada estarían emparentados con el traficante de armas Monzer Al Kassar por la línea materna de Abraham Awada, pero eso nunca fue confirmado ni desmentido. No obstante, es llamativo que el esposo de Claudia Zoraida, a pesar de ser arquitecto, haya aparecido mencionado en la causa de venta de arsenales a Ecuador y Croacia.
En sus interminables salidas con Zulemita, Juliana conoció a quien sería su primer marido, Gustavo Capello. El matrimonio fue breve (duró menos de un año) pero todos recuerdan la fastuosa fiesta que celebraron en 1998, en la cual Carlos Menem y Zulemita estuvieron sentados a la mesa principal.
El fin de los ’90 no afectó económicamente a los Awada, para ese entonces habían consolidado su fortuna. En la primera década del nuevo siglo las marcas familiares continuaron creciendo, y además de Awada y Cheeky, se formaron otras firmas subsidiarias en el ámbito de indumentaria, siendo la más coocida “Cómo quieres que te quiera”. Por su parte, Juliana ya había retornado de la ciudad inglesa de Oxford, a la cual había viajado para perfeccionar su inglés, dado que es una admiradora de la cultura británica por su educación en el desaparecido instituto anglosajón Chester College de Belgrano.
Por el año 2003 Juliana conoció a un multimillonario belga llamado Bruno Barbier. Con él convivió varios años y tuvieron una hija, Valentina. Según deja trascender el periodista Franco Lindner en su libro “Juliana", una biografía de la Primera Dama, “la magia se rompió" cuando la mujer supo que Barbier no tenía el título nobiliario de conde, como él afirmaba. Para el verano del año 2010 la pareja se separó, pero ninguno de los dos se mostró demasiado dolido. Barbier inició una relación breve pero intensa con la periodista Viviana Canosa, mientras Awada comenzó a salir con un compañero de su gimnasio de Barrio Parque, quien sólo iba a hacer ejercicios aeróbicos livianos: Mauricio Macri. En noviembre de ese mismo año se casaron.
LOS TALLERES CLANDESTINOS DEL CLAN AWADA
La investigación expuso que en una de las viviendas, sita en calle Pola al 1900, residían 15 inmigrantes ilegales procedentes de Bolivia. No tenían documentos, no podían salir a la calle, comían y dormían en la misma habitación con sus hijos, ni siquiera se les daban cubiertos por lo que tomaban sus alimentos con las manos, y las condiciones de salubridad e higiene eran absolutamente deplorables. La Defensoría de la Ciudad calificó la situación de “inhumana”. A pesar de todas las pruebas obrantes en la causa, el juez decidió exculpar a la familia Awada y se limitó a condenar a los individuos que regenteaban el lugar. ¿Quién fue ese magistrado? Nada más y nada menos que Guillermo Montenegro, el mismo ultramacrista que luego se convertiría en Secretario de Seguridad del gobierno del PRO en la Capital.
En septiembre de 2010 la Fundación La Alameda, presidida por el legislador porteño Gustavo Vera, había hecho una documentada denuncia sobre otro taller clandestino de los Awada, la cual fue nuevamente desestimada sin explicaciones. En septiembre de 2012 la organización volvió a insistir, pero esta vez con algo absolutamente contundente: presentó ante la Justicia un video de casi 8 minutos de duración, en el cual un costurero boliviano mostró por dentro un taller ubicado en la calle Hubac al 5600 del barrio de Mataderos. Esa filmación, que hoy se encuentra en YouTube, exhibe las condiciones de esclavitud en las cuales se encontraban sometidos los trabajadores, y cómo la ropa era confeccionada para Cheeky.
Gustavo Vera llevó el caso ante los tribunales federales de Comodoro Py, donde denunció a la firma y a la familia Awada por los delitos de reducción a la servidumbre, evasión fiscal, violación a la ley de migraciones y violación a la ley de trabajo a domicilio.
Alarmada por la noticia, Juliana Awada le envió una carta documento a La Alameda donde exigió que se aclare que ella no tenía relación legal con la firma Cheeky. En su respuesta, Gustavo Vera sostuvo: “Awada se olvida de citar la propia revista del diario La Nación del 1 de abril de este año (N. de R.: año 2012) titulada “Entrevista Juliana Awada: yo me visto para mí" donde se señala que la “empresaria, trabaja en la compañía familiar que, además de la marca de ropa que lleva su apellido, desarrolla también Cheeky y Como quieres que te quiera"."
Nuevamente la causa fue detenida, pero no así los escándalos. En el año 2013 una trabajadora de la fábrica textil Elemento, emplazada en el barrio de Pompeya, se prendió fuego al entrar en crisis nerviosa por los constantes maltratos y presiones a las que era sometida. Cheeky terceriza la elaboración de sus medias en ese local, donde todos los obreros son bolivianos.
Mientras los grandes multimedios nacionales se niegan a informar de estos hechos, las protestas siguen. Ezequiel Conde, miembro de la Unión de Trabajadores Costureros, brindó en abril de 2015 un interesante reportaje a la FM 106.1 Radio Kermes de La Pampa, en el cual sentenció: “Toda la producción de Cheeky y Awada la realizan con trabajo esclavo”. Conde prosiguió adviertiendo que en los talleres de la familia Awada se obliga a inmigrantes ilegales a trabajar “18 horas por día”, cobrando un “sueldo miserable" y “sin ningún aporte previsional". Asimismo, advirtió que existe “una red de protección” alrededor de los Awada, sustentada con la complicidad de “la Policía Federal, la Policía Metropolitana, la AFIP, los entes de control nacionales y municipales y la Gendarmería".
Desde la Fundación La Alameda también se colectaron los testimonios de las víctimas de este sistema de explotación. Uno de ellos es de Osvaldo Martín García, costurero boliviano que trabajó en un taller de los Awada en Villa Crespo. En su declaración, indicó: “Han ido inspectores a los que no se los dejaba entrar o bien terminaban arreglando con el tallerista (el encargado), nunca llegaban al fondo del taller. Ahí no tenemos un baño como la gente. En el verano es insoportable".
Daniel Awada, cuñado del presidente y hermano de la Primera Dama, se defendió judicialmente. Según él y sus abogados, “no es delito”contratar talleres clandestinos. Awada llegó al extremo de afirmar que “aún en el peor de los casos, y si se presupusiera algo absolutamente incoherente como el aprovechamiento de mi parte del trabajo de las víctimas, nos encontraríamos frente a un supuesto de atipicidad porque significaría extender inconstitucionalmente los límites de la aplicación de la ley penal". Dicho en términos más llanos, el empresario razona que aunque se demuestre que él obtuvo ganancias con la esclavización de cientos de inmigrantes ilegales (algo evidente), no debería ser condenado porque de acuerdo a su interpretación del Código Penal, a él no le corresponde ningún tipo de responsabilidad jurídica. Lo cierto es que esta “lógica" del industrial textil choca con la realidad de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina y jurisprudencia penales que dicen que sí es solidariamente responsable por los delitos cometidos en esos ámbitos.
En febrero de 2014 la jueza María Dolores Fontbona de Pombo imputó a Daniel Awada por el delito de “reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular”. La magistrada había hecho lugar al pedido del fiscal de primera instancia Andrés Madrea, quien investigaba las actividades de Cheeky en locales ilegales de los barrios de Flores y Mataderos. A pesar de que abundaban las pruebas, la jueza sorprendió al fiscal al dictar el sobreseimiento del titular de la empresa. Madrea apeló la resolución, pero en un fallo pobremente fundado, la alzada confirmó la decisión de primera instancia. En los pasillos de Tribunales muchos hablan de que hubo todo tipo de presiones para cerrar la causa, que había empezado a cobrar demasiada notoriedad.
En estos momentos, los especialistas indican que hay al menos 3 mil talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires, en los que se emplea a unos 30 mil inmigrantes indocumentados. En la provincia de Buenos Aires hay otros 15 mil talleres, que explotarían a por lo menos 100 mil personas en negro, casi todas oriundas de Bolivia.
APORTES MILLONARIOS AL PRO
Las empresas de la familia Awada afirman tener ganancias anuales por el orden de los 25 millones de pesos. El año pasado, Daniel Awada emuló a su padre Abraham e hizo una jugada política fuerte: aportó 2.6 millones de pesos a la campaña presidencial de Mauricio Macri. Y lo hizo en blanco, es decir, por medio de una transferencia bancaria y con un recibo firmado por los tesoreros de Cambiemos. Por lo tanto, Daniel desembolsó el 10% de los ingresos de sus firmas en la candidatura de su cuñado.
Esta “generosidad financiera" del clan en lo político no tiene correlato en el aspecto social. En 2013 Juliana Awada fue fuertemente criticada cuando durante una entrevista que le realizó la ex modelo y conductora Mariana Arias en el canal de televisión Magazine, dijo que su acción a favor de los más humildes era “hacer juntar un montón de bolsas de retazos de las fábricas que cortan, que a uno no le sirven, y lo damos a los Centros de Primera Infancia, donde la gente que tiene que ir a trabajar deja a sus chiquitos todo el día". En síntesis, la actual Primera Dama buscaba que los nenes más necesitados se vistan con pedazos de telas mal cortados de sus talleres clandestinos.
Lo de los retazos no fue el primer paso en falso público de Juliana Awada. En 2012 también estuvo
en el ojo de la tormenta cuando acompañó a su esposo al prostíbulo mexicano “Mix” de Cancún, sede de operaciones de la banda narcoterrorista “Los Zetas”, el cual está regenteado por Gabriel Conde, un argentino procesado por corrupción de menores que está prófugo de la Justicia. Del encuentro quedó una fotografía donde aparecen sonrientes en el sector reservado del local. En Buenos Aires ese personaje controlaba el boliche “Shampoo", donde obligaba a ejercer la prostitución a mujeres traídas de República Dominicana y de Brasil. ¿Qué hacía el ahora matrimonio presidencial en semejante lugar? Por una parte, Gabriel resultó ser hijo de Luis Conde, un importante dirigente de Boca Jrs. aliado a Macri, y por el otro lado también es socio del ex agente de la SIDE Raúl Martins, señalado como uno de los proxenetas más importantes de la región. Martins, de acuerdo a su hija Lorena, también es socio del ex juez federal Norberto Oyarbide. Cuando la joven denunció que su padre financiaba con dinero de la trata de personas al PRO, curiosamente la causa recayó en el juzgado de
Oyarbide, quien decidió detener toda la investigación contra Macri. Aunque fue insistentemente consultada acerca de estos hechos, Awada guardó un silencio sepulcral.
EDUCANDO A JULIANA... CON DINERO PÚBLICO
Para semejante desafío, el gobierno nacional decidió convocar a la Lic. María Reussi, egresada de la Universidad Católica Argentina con el título de Licenciada en Ciencias Políticas, además de haber hecho un Master en Comunicación Política en la Universidad del Salvador y otro Master en Comunicación en la “EAE Business School" de Barcelona, España. Reussi es amiga personal de Marcos Peña, el polémico Jefe de Gabinete presidencial, y por su tarea de “educar” políticamente a Awada cobra un sueldo de 90 mil pesos mensuales. Para ello, Peña le inventó el cargo de “Asesora del Presidente en cuestiones de la Primera Dama” y le dio el rango de Subsecretaria de Gobierno, una medida que recuerda mucho a los disparates del kirchnerismo cuando quería ubicar en cargos públicos a los militantes de La Cámpora.
EL MACRISMO: ¿UN GOBIERNO SIN MORAL?
Mientras todos los argentinos observamos asombrados e indignados el eclipse del kirchnerismo y los patéticos actos finales de sus integrantes, no debemos dejar de mirar también lo que ocurre con el actual gobierno. Como hemos venido exponiendo, el macrismo es más de lo mismo, con dirigentes corruptos, que sólo trabajan para sus propios intereses. Y en ese ámbito, es triste tener que decir que ni siquiera la Primera Dama escapa a ese entramado de negociados, que incluso involucra la explotación laboral más cruel e inhumana, como vimos, en la gestación de su fortuna familiar y personal.
Alejandro Biondini dijo hace pocas semanas: “Un funcionario público es un ciudadano común con responsabilidades extraordinarias. NO un ciudadano extraordinario sin responsabilidades”. Eso es lo que plantea el Nacionalismo, una alternativa absolutamente diferente, una propuesta sana, patriótica y sobre todo, alejada de la corrupción que caracteriza tanto al viejo como al nuevo régimen.
La información es la herramienta más necesaria para el Despertar de las Conciencias. Debemos saber quiénes son los que nos gobiernan.
EL LIBRO "JULIANA", MÁS PRUEBAS CONTRA LOS AWADA
“Juliana”. A lo largo de 279 páginas, el investigador revela aspectos poco conocidos y muy polémicos de la Primera Dama. Un capítulo interesante lleva por título “Talleres Clandestinos”.
Allí se plasma uno de los testimonios más contundentes, el de Elías Orlandau, quien fue delegado gremial de Cheeky en el área de logística, confirmando que la familia Awada controlaría alrededor de 200 talleres propios, con unas 3.000 personas trabajando en condiciones ilegales.
El caso de Orlandau fue uno de los más resonantes en Cheeky, ya que en el año 2011 la empresa lo echó alegando razones de indisciplina. Lo que en verdad había exasperado a Daniel Awada era que el delegado había organizado una gran asamblea de trabajadores en la fábrica central y exigido que se
reincorporara a varios trabajadores despedidos, todos los cuales eran precisamente los más activos a la hora de realizar reclamos laborales. Pese a contar con fueros sindicales, el gremio no lo quiso defender y aceptó la decisión patronal.
Otra de las personas que habló con Lindner fue Edgardo Castro, actual delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Subsecretaría de Trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castro revela sin tapujos que las actas de las inspecciones que se les realizan a los talleres clandestinos de la familia Awada terminan desapareciendo por orden de las máximas autoridades porteñas. El delegado apunta específicamente contra Fernando Cohen, Director General de Protección del Trabajo en dicha subsecretaría, quien sería el ejecutor de esa política de ocultamiento.
